«La ley es como el cuchillo: / no ofende a quien lo maneja.»
José Hernández,
La vuelta de Martín Fierro
Desde el punto de vista ético, la justicia
solo adquiere sentido cuando es universal e imparcial. Sin embargo, en el
ejercicio del poder contemporáneo asistimos a una degradación sistemática de
este principio, sostenida por tres mecanismos principales: la autorregulación
corporativa, la manipulación del tiempo procesal y la distorsión del lenguaje.
1. El conflicto de interés constitucional: El
principio básico de la ética pública exige que nadie sea juez de su propia
causa. Sin embargo, la impunidad política florece precisamente porque las
instituciones de control (fueros, comisiones parlamentarias de ética o
nombramientos judiciales, entre otros, porque ya invadió el mecanismo a las
universidades, a las instituciones deportivas y otros) están sujetas a la
negociación partidaria y una cofradía de colegas, con una sensación de “hoy por
mí y mañana por ti”. Cuando la responsabilidad penal o administrativa de un
dirigente queda condicionada a pactos de gobernabilidad o mayorías
coyunturales, la norma moral se destruye: la gravedad de una falta deja de
depender del daño causado a la sociedad y pasa a medirse por la utilidad
política de encubrirla o castigarla.
2. La lentitud procesal como estrategia de
impunidad: La impunidad política no es un derecho: es la destrucción, ladrillo
a ladrillo, de la democracia. Especialmente cuando nace de la lentitud
calculada de los tribunales. Aunque los actores del poder intenten explicar la
dilación a través de la burocracia y las complejidades procedimentales, esta
parsimonia no es ineficiencia fortuita, sino una forma dolorosa y eficaz de:
*
Minar la confianza en la justicia, al desgastar la memoria social y adormecer
la indignación pública.
*
Sembrar la desesperanza en el futuro, acelerando los tiempos hasta lograr la
prescripción sin juzgar el fondo de los hechos.
*
Hacer agonizar a la equidad, garantizando que mientras el ciudadano común sufre
la celeridad del sistema, el gobernante gestione los plazos como una variable
política a su favor.
Lo más grave no es que la política no
comprenda este daño sistemático, sino que lo fomenta y aprovecha
deliberadamente como una estrategia. Desde una perspectiva ética, una justicia
dilatada de forma intencional no es justicia diferida; es impunidad garantizada
por la vía del calendario y una prueba viva que mejor callarse y soportar aun
los escarnios públicos, las inequidades obviar y las injusticias inaceptables.
3. El uso defensivo del relato: de
denunciado a perseguido. A la estrategia del tiempo se suma una potente táctica
comunicativa: la inmediata victimización. Ante cualquier acusación, denuncia
por corrupción o cuestionamiento severo, la respuesta casi automatizada del
poder consiste en reencuadrar el señalamiento como una "persecución
política" o una "cacería mediática y judicial".
Esta operación contrainteligente logra
varios objetivos deshonestos:
* Desplazar el foco normativo: Desvía la
atención del hecho concreto (la presunta falta o delito) hacia la intención del
acusador. Sumado que de un lado hay un aparato comunicacional y del otro lado,
un poco la nada
*
Polarizar a la sociedad: Convierte un asunto de probidad pública en una batalla
identitaria, obligando a los partidarios a defender al acusado no por su
inocencia, sino por lealtad de tribu. Los sesgos cognitivos tienen rienda
suelta para aparecer.
*
Deslegitimar la fiscalización: Si toda denuncia es una persecución, entonces la
rendición de cuentas se vuelve imposible, pues cualquier intento de control
queda neutralizado de antemano.
Reflexión final
Esta trampa de tres bandas —el poder que se
protege a sí mismo, la justicia que se alarga hasta caducar y el discurso que
transforma la falta en victimización— genera una crueldad moral silenciosa pero
corrosiva. Le enseña a la ciudadanía que la ley es una malla que atrapa al
débil y se rompe ante el poderoso.
Erosionar la verdad objetiva para eludir la
responsabilidad pública no es solo una estrategia astuta; es una agresión
directa al contrato social. Romper este círculo requiere no solo reformas
procesales estrictas, sino una condena ética y social que impida que el
ejercicio del poder siga siendo el mejor escudo contra la ley. Tal como Hernandez
decía, también Honoré de Balzac afirmaba: «La justicia sobre la tierra es una
tela de araña: atrapa a los mosquitos y los grandes tábanos la rompen.».
Un problema universal y una limitación también
para resolverlo. Pero lo sabemos, el camino verdadero es por donde pasan estas soluciones.






