Durante décadas se ha encasillado a la
corrupción como un delito meramente financiero o burocrático. Sin embargo,
cuando los fondos públicos destinados a hospitales, escuelas, infraestructura o
agua potable terminan en bolsillos privados, el resultado no es un simple
desbalance contable. El resultado son vidas perdidas por falta de insumos
médicos, niños condenados a la marginalidad por una educación precaria (con pruebas
PISA o no) y comunidades enteras vulneradas en su dignidad básica, ya que deben
mendigar sus necesidades o someterse a maniobras viles. Es increíble que no vean
que las remeras con nombre de políticos repartidas se esparcen más en comunidades
que son rehenes del sistema. Robarle al Estado es robarle las condiciones
mínimas de subsistencia a la población, especialmente en sociedades como la
nuestra, signadas por una alta inequidad donde el impacto de la expoliación es
devastador.
Los derechos humanos se ven severamente
afectados cuando los privilegios de unos pocos destruyen las posibilidades de
crecimiento, desarrollo, vida y dignidad de los demás. Parte central del
problema radica en no ser capaces de asociar la defensa de estos derechos con
el plano cotidiano y encarnarlos allí donde deben hacerse efectivos. Solemos
reservarlos exclusivamente para episodios de escala histórica o trascendente
—como una dictadura o un genocidio—, pero esa ceguera ante lo diario nos impide
ver que la corrupción cotidiana corroe el tejido básico de la vida humana.
En la política vernácula, además, la
corrupción funciona como una coartada de impunidad cruzada. Bajo la premisa
implícita de que «el problema es de los otros, pero, quizás, un poco de
nosotros», a ningún sector le conviene avanzar de fondo con leyes severas,
sanciones efectivas ni con la recuperación de los bienes robados. Así, el
fenómeno se empantana deliberadamente: no es casual que los juicios por
corrupción tomen décadas, buscando que el paso del tiempo adormezca el interés
público y diluya las causas en la prescripción. La restitución de los fondos
saqueados es casi una utopía, marcando un contraste escandaloso con la
celeridad e inflexibilidad con la que la justicia actúa y embarga a un
ciudadano común por la deuda de un electrodoméstico.
Como bien advertía el teólogo Dietrich
Bonhoeffer al reflexionar sobre la ceguera moral, el peligro más grave radica
en la incapacidad crítica de ver la realidad cuando esta contradice nuestros
sesgos. Tolerarle la corrupción a un proyecto político porque enarbola banderas
de justicia social es una contradicción trágica. En el fondo, esta parálisis
institucional funciona como un mecanismo de protección para defender un sistema
impune, silenciando lo que verdaderamente importa: los derechos humanos reales de
las personas vulnerables que necesitan ser protegidas. De los que defienden
esto es obvio que los sobrevivientes y los que ganan sin limite tienen otras
razones, pero el problema son los estúpidos, allí Bonhoeffer tienen razón: “La
estupidez es un enemigo del bien más peligroso que la maldad. Uno puede
protestar contra el mal; se puede denunciar y, si es necesario, se puede
prevenir mediante el uso de la fuerza... pero contra la estupidez no tenemos
defensa”.
Es hora de despojar a la corrupción de
cualquier encubrimiento ideológico o corporativo. Quien defrauda al erario
público no está librando una batalla cultural ni protegiendo un modelo de país;
está cometiendo un crimen que destruye vidas por igual, sin importar la
camiseta, la doctrina o las intenciones de quien lo ejecute. Lo peor es
amparando en los estúpidos, los tibios, los que son bueno hablando de justicia.
