Tucumán y la ley Micaela

La ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Hablar de eso en el 2020 debería ser un tema simple, en el sentido de algo que asumimos que es innegociable, imprescindible y pro-sociedad más equitativa, justa y humana. Sin embargo, aún discutimos si se adhiere o no a esta norma nacional. 
Un tufo de antigüedad nos invade. Como si la Pandemia del COVID-19 no fuese suficiente para decirnos que aún podemos correr los riesgos que creíamos desterrados (la última pandemia fue de principios del siglo pasado). Pero aquí estamos teniendo que aceptar que algunos (si, en masculino) no comprendieron aún, que la violencia de género y la inequidad –marcada a fuego por cuestiones de género- son sucesos reales que están vigentes y que nos delatan como sociedad. Que son obstáculos para esa humanidad que debemos recuperar (Ernesto Sábato dixit).

Cuando Tucumán se adhiera a la ley, quizás esta semana –porque lo hará, por la fuerza de las presiones, de las convicciones o de lo que fuera-, cuando lo realice, el debate, las preguntas, las inquietudes y la mezcla entre rabia y angustia que apareció por esto no callará. Que la discusión sobre esta ley haya sido tan visible de argumentos vacíos y violentos habla de una ideología reinante que nos atrasa, nos atropella y nos debería inquietar. Es una ley que simplemente dice que hay que capacitarse para tener más herramientas para evitar la violencia, viéndola y actuando contra ella y para lograr una sociedad más equitativa para el bienestar de todas las personas.

Luego que se adhieran a una ley, que fue aprobada por los representantes de la provincia a nivel nacional. Parlamentarios que no fueron capaces de crear una ley que sea nacional y federal y que no tenga que pasar la humillación que implica “discutir con argumentos pobres y perimidos” porque no se debe adherir a una ley por el bien, insisto de todas aquellas personas que vienen en el suelo argentino, como reza la constitución nuestra. Después que se adhieran vendrá la otra lucha, aquella que hace que la misma se ejecute no como tarea administrativa sino para, insisto, adquirir herramientas para ser mejores como personas, como sociedad, como humanidad.

Aprender lo que es necesario. Aprender que no existe ninguna religión que hoy crea, sostenga o defienda que la violencia contra una mujer por ser mujer es algo válido. Aprender que la lucha contra la violencia es una urgencia que debemos realizar, que la búsqueda de la equidad es un desafío impostergable y que, en definitiva, no es por el contra ellos, ni por ellas, ni por elles, es por la humanidad que la conformamos todas las personas.

Obviamente, la discusión por la ley Micaela pone en evidencia algo más. Una pregunta más: ¿estamos haciendo la educación sexual integral que la ley 26150 promueve? Una ley que también daría herramientas para que la sociedad sea aún mejor, una sociedad como la que realmente todos deseamos: libre, equitativa, justa, pacifica. Una sociedad donde podamos ser mejores siempre.

Adhesión a la ley Micaela ya y acción por lo que implica YA