miércoles, noviembre 04, 2026

Justicia sexual y ESI: las deudas del Estado frente a la violencia estructural: Es el momento: ¡ahora!

Cuando la violencia se exhibe como trofeo en redes sociales, la respuesta de la sociedad y del Estado no puede limitarse al silencio ni a la pasividad.

 «La pluralidad es la condición de la acción humana porque todos somos lo mismo, es decir, humanos, de tal manera que nadie es jamás igual a cualquier otro que haya existido, exista o vaya a existir.»

— Hannah Arendt, La condición humana

 

El reciente ataque perpetrado por un grupo de jóvenes contra personas trans en un parque de Palermo pone de manifiesto una realidad alarmante: la agresión no fue detectada por la vigilancia urbana ni por cámaras de seguridad, sino que fueron los propios agresores quienes registraron y difundieron el hecho en redes sociales. Nos encontramos ante ciudadanos o residentes en la Argentina que deciden cometer un acto de violencia explícita, registrarlo, publicarlo y reivindicarlo. No se trata de la expresión de un disenso legítimo, sino de la utilización de la violencia y el odio como mecanismos para infundir miedo, marcar territorio y exhibir un sentimiento de impunidad.

Frente a esto, resulta innecesario fundamentar la validez de la diversidad: el ser humano es diverso por esencia y esa realidad intrínseca no requiere justificación alguna. La convivencia social no debe depender de los niveles de tolerancia individual de cada persona frente a lo diferente, sino del establecimiento de un marco ético e institucional firme en el que la violencia jamás sea una vía válida de acción.

En este contexto, la noción de justicia sexual planteada por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) cobra especial relevancia. Impone preguntarse qué derechos fundamentales están siendo coartados por la falta de políticas públicas específicas, por la proliferación de discursos que legitiman la discriminación y por las deficiencias en la implementación de una Educación Sexual Integral (ESI) capaz de formar en el respeto, la comunicación y el reconocimiento de la diversidad humana.

La intolerancia operativizada en violencia es un indicador social del que debemos ocuparnos de manera urgente, pues evidencia fallas estructurales en la construcción de una sociedad donde la paz, el desarrollo social y la convivencia armónica cuenten con cimientos sólidos para generar el bien común.

Este suceso, grave en sí mismo, cobrará mayor o menor trascendencia según la capacidad de respuesta que despleguemos como grupo humano, como política de Estado y como compromiso ineludible con los Derechos Humanos. Esa respuesta pondrá en evidencia, en última instancia, cuánto nos falta por hacer. No podemos permitir que el odio se naturalice: es hora de exigir políticas públicas efectivas, fortalecer la Educación Sexual Integral y asumir un compromiso ético colectivo que garantice que habitar el espacio público en libertad sea un derecho plenamente garantizado para todos.


(La imagen fue realizada con Gemini)


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