Cuando la violencia se exhibe como trofeo en redes sociales, la respuesta de la sociedad y del Estado no puede limitarse al silencio ni a la pasividad.
— Hannah Arendt, La condición humana
Frente a esto,
resulta innecesario fundamentar la validez de la diversidad: el ser humano es
diverso por esencia y esa realidad intrínseca no requiere justificación alguna.
La convivencia social no debe depender de los niveles de tolerancia individual
de cada persona frente a lo diferente, sino del establecimiento de un marco
ético e institucional firme en el que la violencia jamás sea una vía válida de
acción.
En este contexto,
la noción de justicia sexual planteada por la Asociación Mundial para la Salud
Sexual (WAS) cobra especial relevancia. Impone preguntarse qué derechos
fundamentales están siendo coartados por la falta de políticas públicas
específicas, por la proliferación de discursos que legitiman la discriminación
y por las deficiencias en la implementación de una Educación Sexual Integral
(ESI) capaz de formar en el respeto, la comunicación y el reconocimiento de la
diversidad humana.
La intolerancia
operativizada en violencia es un indicador social del que debemos ocuparnos de
manera urgente, pues evidencia fallas estructurales en la construcción de una
sociedad donde la paz, el desarrollo social y la convivencia armónica cuenten
con cimientos sólidos para generar el bien común.
Este suceso,
grave en sí mismo, cobrará mayor o menor trascendencia según la capacidad de
respuesta que despleguemos como grupo humano, como política de Estado y como
compromiso ineludible con los Derechos Humanos. Esa respuesta pondrá en
evidencia, en última instancia, cuánto nos falta por hacer. No podemos permitir
que el odio se naturalice: es hora de exigir políticas públicas efectivas, fortalecer
la Educación Sexual Integral y asumir un compromiso ético colectivo que
garantice que habitar el espacio público en libertad sea un derecho plenamente
garantizado para todos.

Excelente publicación,
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