La responsabilidad de la palabra: ¿libertad de expresión o libertinaje profesional?

Desde hace un tiempo, una preocupación recurrente me interpela en el ecosistema de las redes

sociales: la proliferación de discursos sobre sexualidad y sexología respaldados por la investidura de la profesionalidad, pero carentes del rigor ético y científico más elemental.

Es preciso hacer una distinción fundamental. Existen profesionales admirables que, combinando un sólido conocimiento basado en evidencia y un auténtico savoir-faire, poseen una capacidad envidiable para sintetizar conceptos complejos en mensajes claros, didácticos y accesibles. Sin embargo, en el extremo opuesto, presenciamos un fenómeno alarmante que abre un debate urgente sobre la responsabilidad social en las profesiones de la salud: ¿Cómo establecer límites conceptuales y éticos precisos sin cruzar la frontera de la censura?

Es innegable que la libertad de expresión constituye un pilar inalienable de toda sociedad democrática. Cualquier ciudadano posee el derecho de opinar y argumentar desde sus propias convicciones. Sin embargo, cuando un discurso es emitido desde el rol profesional, el escenario cambia radicalmente. La palabra deja de ser una mera postura individual para revestirse de una autoridad simbólica que la audiencia asume como legítima, veraz y científicamente segura.

«Cuando un discurso es emitido desde el rol profesional, la palabra deja de ser una mera postura individual para revestirse de una autoridad simbólica que la audiencia asume como legítima y veraz.»

Por esta razón, el ejercicio profesional en la esfera pública no puede quedar sujeto al desacierto, el dogma o la ligereza discursiva. Poner límites sin recurrir a la censura implica elevar la vara de la exigencia argumentativa a través de cuatro criterios de demarcación ética:

1. Transparencia en el marco epistemológico: Es un deber deontológico explicitar la diferencia entre comunicar un consenso científico respaldado por la evidencia y emitir una hipótesis personal, una postura ideológica o una vivencia individual. La audiencia tiene el derecho soberano de conocer desde qué lugar se habla.
2. Actualización de los códigos deontológicos: Las instituciones y colegios profesionales deben adaptar sus marcos normativos a la era digital, reconociendo que la mala praxis no se limita al recinto del consultorio, sino que se extiende a la difusión masiva de desinformación que atenta contra la salud pública.
3. Exigencia de rigor e integridad institucional: Las universidades y entidades académicas deben ser bastiones del debate plural, pero también garantes rigurosos de la calidad científica. No se trata de silenciar voces divergentes, sino de exigir que toda postura expuesta bajo su sello cumpla con estándares mínimos de falsabilidad, fundamentación y coherencia metodológica.
4. Fomento de la alfabetización crítica: Parte de la responsabilidad técnica radica en brindar a la comunidad herramientas conceptuales para evaluar la validez de los discursos, promoviendo la comprensión de que un título académico es una condición necesaria, pero nunca suficiente, para validar una afirmación.

Exigir evidencia, actualización constante y apego a marcos éticos no significa coartar la libertad de pensamiento; por el contrario, representa el único camino para proteger a la comunidad y honrar la función social del conocimiento. Cuando la ciencia y la ética se diluyen en favor del espectáculo mediático o el impacto algorítmico, no solo se degrada el espacio institucional, sino que se vulnera la confianza depositada por una sociedad que acude a la técnica en busca de certezas.