columnas sobre la importancia crucial que tiene para un país —y particularmente para la educación sexual— contar con un marco normativo hecho ley. Por eso es una ley imprescindible: permite comprender que hay una noción de bien común que se asume. Una ley que define la educación sexual integral como un derecho y que estipula sus límites conceptuales, las normas a las que se somete y la estructura metodológica de su ejecución; más que una norma, es un principio esencial a considerar, más allá de las discusiones falaces que se puedan plantear.
Pero vamos desde el principio. La educación sexual es, según la ley, aquella que «articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos». Esto define desde dónde vamos a hablar. En la actualidad, esta ley está asentada en pilares fundamentales asociados a valores ineludibles para el siglo XXI que una sociedad debe defender y promover:
Fomentar los derechos humanos.
Procurar la justicia social y sexual.
Desarrollar el bienestar integral de las personas.
Orientarse a construir una sociedad sin discriminación y con mayor equidad.
Posibilitar el desarrollo de las habilidades para la vida.
Potenciar el placer como una decisión personal, creativa y consentida.
Generar antídotos específicos contra la violencia, promoviendo una convivencia saludable.
A dos décadas de su sanción, es momento de hacer un balance sobre cuánto hemos avanzado. Para ello, resulta fundamental revisar tanto los logros alcanzados como aquello que aún no hemos concretado. Que un gobierno en particular se muestre contrario a la ley o ponga obstáculos para su aplicación no debe desviarnos del objetivo central del análisis: evaluar cómo hemos progresado —o no— en estos 20 años.
Ese balance es responsabilidad de quienes hemos participado activamente en este proceso. No se trata de adjudicar méritos o agravios particulares, sino de evaluar los avances reales: cómo los discursos sociales han favorecido esta perspectiva y de qué manera se han logrado modificar comportamientos.
Estoy convencido de que la educación sexual, como idea y como derecho, es irreversible. Sin embargo, creo firmemente que aún estamos en deuda —no solo por las políticas de un último gobierno, sino de forma histórica— en la promoción de una ESI equiparable en eficacia y beneficios con aquellas propuestas que utilizan los recursos disponibles y buscan cumplir con estándares de calidad educativa como los que hoy existen en el mundo.
La educación sexual integral no abarca únicamente métodos didácticos, sino la construcción de procesos educativos formales, específicos y verdaderamente eficaces para promover el desarrollo y la protección del bienestar. En esa dirección es donde todavía debemos trabajar mucho más.
Aunque parezca un cliché, también es hora de preguntarnos: ¿qué hemos hecho por la educación sexual integral? Eso implica revisar no solo nuestras resistencias, sino también nuestra defensa de la misma; cómo hemos contribuido a que sea una realidad. Porque la ley existe, y nuestro compromiso ya forma parte del logro o del fallo.
La educación sexual integral es una decisión mancomunada por el bien común. Es a favor de nuestra sociedad y, como bien dice nuestra Constitución, «para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino» (un texto antiguo que, valga aclararlo, abarca a todas las personas). Lograr aplicarla y mejoarla día a día es una apuesta seria y responsable para lograr «con gloria vivir».
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