Paradoja del plan social

Un plan social es una ayuda que el estado da a grupos de personas por la convicción que es necesario para que esas personas tengan sus necesidades mínimas satisfechas. Es, obviamente, una decisión de carácter político social. Implica asumir que existen contingencias, sociales, económicas u otras, que exigen que el estado se haga cargo de algo para permitir que los ciudadanos en estado de vulnerabilidad estén un poco mejor. No tiene sentido negar estar situación. Dar porque el otro necesita previendo con esto una tranquilidad y una mejor idea de nación. Esos planes sociales salen del presupuesto establecido y/o de algunas cuestiones secundarias, aunque esos fondos necesariamente provienen, al fin y cabo, de los impuestos que los ciudadanos pagan. Más allá de las discusiones que puede haber sobre la validez de esta ayuda, está claro que la misma es imprescindible en muchos casos.

Ahora bien, el plan social es un plan precario de contingencia. Si se transforma en un hábito político ya lo que está en juego es otra cosa: es el fracaso social, económico, político y humano de un estado. Salvo aquellos planes que surgen de la necesidad de una fragilidad social inherente a la persona (discapacidad limitante, ancianidad y otros) o por situaciones externas graves (inundaciones, terremotos, guerras, etc.).

Entonces, tenemos, de un lado, un plan social que es una necesidad innegable en casos de urgencia de las personas, para paliar una situación indeseable por situaciones externas y, por otro lado, una prueba hiriente de la falla de una política socio-educativa-económica adecuada para una población. El mismo plan como solución y como prueba de un delito gubernamental (o por lo menos debería serlo).

En esta lectura que pretendo sugerir, creo que se debe pensar que no se puede estar en contra del plan social si lo tomamos como un plan de contingencia y debería oponerse cuando el plan social es una prueba de errores estructurales o de la corrupción. En ninguno de los dos casos debería evitarse el plan social si el mismo persigue como objetivo paliar una situación de pobreza o fragilidad.

¿Entonces? Pues de nuevo, el problema debe ser ubicado en su justa medida. El problema del plan social serían tres:

• 1   Es siempre un paliativo. Una “sensación” de limosna que al ser tan poco se percibe como un regalo y no como una consecuencia de un error de políticas públicas. Por ello un plan social como norma que dure mucho tiempo es la prueba de un error político que nunca se evalúa y, por lo tanto, se sanciona.
• 2-      Es visto como un te pago para hacer nada y no expresado como lo que: es la incapacidad del estado en generar una mejor calidad de vida, lo cual, valga decirlo es su función real.
• 3-      Es incontrolado, pero no me refiero al control del plan social sino a las fuentes de este. Es decir, controlar quien lo da.
• Estos problemas son la cuestión que debemos analizar con más detalle para evitar:
• a-      La coartada que usan los defensores de dar “ayudas sociales” o sea que mantienen ingresos infinitos sin control por la necesidad de ayudar a la gente que necesita.
• b-      El esfuerzo que sea visto como algo negativo que potencia la sensación que es una lucha de pobres y ricos y los dadores, siempre ricos de la clase política, son los jueves y defensores de los “humildes”.
• c-      La imposibilidad pragmática que alguien deje el plan social porque su calidad de vida mejore. Dinero escaso sin plan de cómo superar la contingencia que genera la necesidad de plan social.

El escenario, por esto, ¿favorece a la gente que precisa la ayuda sin dilaciones? NO. Parecen condenados a ser esclavos de la clase política de turno, estigmatizados por los ciudadanos que “aportan” para pagar los planes sociales y sumidos en un mundo sin ley.

Por ello, creo, que habría que tener tres cosas:

1-      Plan social real para quien necesita (=acorde con las necesidades de quien lo recibe).

2-      Plan social establecido por ley (aquella que deben hacer los legisladores y no usar su tiempo e ingenio para dar planes sociales, esto debe ser responsabilidad única del ejecutivo a través de su ministerio de desarrollo social)

3-      Una justicia que acelere toda demanda por corrupción que haya afectado a la población imponiéndole un estado de necesidad para que esté obligada a necesitar un plan social y con la consiguiente recuperación del dinero para verterlo solo en planes sociales o la solución de base de lo que lo ocasione.

La pregunta es simple: ¿queremos un país con un mínimo de planes sociales? Pues sería un país más justo, con mejor calidad de vida para todos o, como debería ser, para la inmensa mayoría. Pues dejemos de pregonar eso y revisemos el porque es inevitable que en esta Argentina el plan social sea una necesidad de los últimos 20 años donde la dirigencia política, en su mayoría, solo se ha enriquecido.